Lei 21.595: a empresa chilena responde criminalmente, e o modelo é a defesa
Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, reformada por la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medioambientales · Actualizado: septiembre de 2026
O que é e o que exige de você?
La Ley 20.393, reformada por la Ley 21.595 de Delitos Económicos, rige en su nueva redacción desde el 1 de septiembre de 2024 y amplía a más de doscientos los delitos por los que una persona jurídica chilena puede responder penalmente. La empresa queda exenta si acredita un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado ANTES del hecho: no basta con tenerlo escrito.
A quem se aplica?
A toda persona jurídica de derecho privado y a las empresas del Estado, sin umbral de tamaño: también a las pymes. La ley admite graduar la intensidad del modelo según el tamaño y la capacidad económica de la organización, pero no exime a nadie de tenerlo. Un grupo con filiales en Chile responde sociedad a sociedad.
Datas-chave
Consulte também o calendário de conformidade Espanha–América Latina.
Sanções
Checklist de conformidade
- Rehaga el alcance: el catálogo pasó de una treintena de delitos a más de doscientos, así que un modelo anterior a septiembre de 2024 tiene el alcance obsoleto.
- Identifique las actividades y procesos en que surge el riesgo, y escriba CÓMO se materializaría en su empresa — no basta con listar delitos.
- Designe al encargado de prevención con autonomía, facultades reales y medios, y deje constancia de la fecha del nombramiento.
- Compruebe que cada control está en marcha y verificado, no solo redactado: un control sin comprobación periódica no acredita implementación efectiva.
- Tenga canal de denuncias seguro, capacitación periódica y sistema de sanciones internas: son elementos tasados, no extras.
- Y lo que casi nadie prepara: poder acreditar el estado del modelo EN LA FECHA DEL HECHO, no el de hoy.
- Alcance por jurisdicción: qué delitos entran, cuáles quedan fuera y el motivo escrito de cada exclusión.
- Matriz de riesgo penal proceso × delito, con inherente, residual y la norma que respalda cada riesgo.
- Estado del modelo con ocho señales y su artículo: distingue un modelo implantado de uno desatendido — completo sobre el papel y parado, que es lo que un fiscal usa para tumbar el eximente.
- Estado a una fecha pasada, con certificación de huella SHA-256 recalculable por un tercero, e informe pericial que dice también lo que NO puede afirmar.
Perguntas frequentes
¿Desde cuándo se aplica la Ley 21.595?
La ley se publicó el 17 de agosto de 2023 y sus modificaciones a la Ley 20.393 rigen desde el 1 de septiembre de 2024. Desde esa fecha se aplica el catálogo ampliado y el nuevo estándar del modelo de prevención.
¿Qué debe contener el modelo de prevención según el art. 4?
Identificación de las actividades y procesos en que surge el riesgo; protocolos y procedimientos preventivos; un responsable designado con autonomía y medios; canal de denuncias seguro; capacitación periódica; un sistema de sanciones internas; y supervisión, evaluación y actualización del modelo.
¿Basta con tener el modelo aprobado por el directorio?
No. La exención se condiciona a que el modelo estuviera efectivamente implementado antes del hecho. Un modelo impecable sobre el papel y sin actividad reciente no acredita implementación efectiva — y esa es exactamente la distinción que la reforma quiso reforzar.
¿Sigue existiendo la certificación del modelo?
La reforma desplazó el eje: la certificación por entidades registradas dejó de ser el mecanismo central y el acento está en la evaluación periódica por un tercero independiente. Lo que importa hoy es la evidencia fechada de que el modelo funciona.
¿Le aplica a una pyme chilena?
Sí. No hay umbral de tamaño. Lo que la ley admite es graduar la intensidad de la implementación según el tamaño y la capacidad económica de la organización, pero la obligación de tener un modelo adecuado a sus riesgos no desaparece.
Tengo filiales en Chile, España, Colombia y Perú. ¿Necesito cuatro modelos?
Necesita un modelo por sociedad, porque cada jurisdicción tiene su norma y su naturaleza de responsabilidad — penal en Chile y España, administrativa ante la Superintendencia de Sociedades en Colombia, administrativa ante juez penal en Perú. Lo que sí puede compartirse es el catálogo de delitos y el de controles: se declara una vez y se mapea a cada país.
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